Infancias en guerra: reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia.
Hablar del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia es hablar de una de las expresiones más dolorosas del conflicto armado. No se trata solo de menores usados para combatir: también fueron utilizados para vigilar, transportar armas, cocinar, informar, sembrar miedo y sostener estructuras armadas. En otras palabras, la guerra se metió de frente en la vida cotidiana de la niñez y la convirtió en instrumento de una lógica violenta que nunca debió tocarla.
Este tema no puede leerse únicamente como un delito aislado. Acá hubo una afectación profunda de derechos, vínculos familiares, procesos comunitarios, identidades y proyectos de vida. Desde una mirada psicosocial, el reclutamiento rompió el tejido social y dejó huellas que no terminan cuando el niño o la niña sale del grupo armado; muchas veces apenas ahí empieza otra pelea: la de reconstruirse, ser escuchado y volver a vivir sin miedo.
"La guerra no solo mató cuerpos: también interrumpió infancias, silenció voces y desordenó la vida de comunidades enteras".
Conceptualización teórica de la problemática.
El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en contextos de conflicto armado es una grave violación de derechos humanos y una infracción al Derecho Internacional Humanitario. En términos amplios, no solo incluye incorporar menores de edad a un grupo armado, sino también su utilización en actividades militares o asociadas a la guerra, incluso cuando no portan armas directamente. Esa utilización puede darse en funciones de combate, apoyo logístico, mensajería, vigilancia, inteligencia, explotación sexual o control territorial.
Desde el DIH, los niños y niñas afectados por la guerra tienen una protección especial. El derecho consuetudinario reconoce que deben recibir respeto y protección especial, y establece la prohibición de reclutarlos. Además, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados exige a los Estados impedir el reclutamiento obligatorio de menores de 18 años y adoptar medidas para que quienes no han cumplido 18 no participen directamente en hostilidades.
En el plano penal internacional, el Estatuto de Roma considera crimen de guerra el hecho de reclutar, alistar o utilizar en hostilidades a menores de 15 años. Ese estándar ha sido reafirmado por la Corte Penal Internacional, que ha tratado este delito como una afrenta grave contra la dignidad y la protección reforzada que merece la niñez en la guerra.
Por eso, el reclutamiento no puede maquillarse como “protección”, “oportunidad”, “formación” o “ingreso voluntario”. Jurídicamente, la niñez no está en condiciones de consentir libremente su vinculación a la guerra cuando median amenazas, abandono estatal, pobreza, control territorial armado o manipulación ideológica. Ojo con eso: llamar “voluntario” a lo que ocurre bajo coerción estructural es una forma de borrar la responsabilidad de los actores armados.
Contextualización de la problemática en Colombia.
En Colombia, el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes fue una práctica persistente dentro del conflicto armado, con afectación en múltiples regiones y sobre todo en territorios atravesados por pobreza, débil presencia estatal, economías ilícitas, disputas armadas y exclusión histórica. La Comisión de la Verdad documentó el impacto del conflicto sobre la niñez y recogió más de 2.500 testimonios sobre afectaciones sufridas por niños, niñas y adolescentes. Además, en el universo de violencia política y conflicto armado aparecen 17.947 niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento y utilización por actores armados ilegales, con corte utilizado por la Comisión en su informe.
La JEP, en el Caso 07, priorizó el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado y estableció preliminarmente que al menos 18.677 niños y niñas fueron reclutados y utilizados por las extintas FARC-EP entre 1971 y 2016. Según la misma jurisdicción, el periodo de mayor recurrencia fue entre 1996 y 2016, con picos en 1999, 2002, 2007 y 2013. Además, el 64 % de las víctimas individuales acreditadas tenía 14 años o menos al momento del reclutamiento.
La afectación no fue homogénea. Las niñas enfrentaron riesgos particulares, incluyendo violencia sexual, anticoncepción y abortos forzados, mientras que niños, niñas indígenas, afrodescendientes y habitantes de zonas rurales quedaron especialmente expuestos por el control armado de sus territorios. La Comisión de la Verdad y la JEP han insistido en que la guerra golpeó de manera diferencial a la niñez y que esos daños no pueden entenderse solo como estadísticas, porque detrás de cada caso hubo rupturas familiares, desapariciones, silencios obligados y afectaciones emocionales prolongadas.
Lejos de ser una problemática del pasado, el fenómeno sigue siendo alarmante. UNICEF informó en febrero de 2026 que, con base en casos verificados por Naciones Unidas, el reclutamiento y uso de niños y niñas por grupos armados en Colombia se incrementó en 300 % en los últimos cinco años. También señaló en 2025 que entre 2023 y 2024 hubo un aumento del 64 %, con 453 casos verificados en 2024. Eso muestra que la firma del Acuerdo de Paz no cerró del todo esta herida y que la protección efectiva de la niñez sigue siendo una deuda bien berraca en varios territorios del país.
1. VIOLENCIA EN EL RECLUTAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN COLOMBIA.
Desde el Derecho Internacional Humanitario, el reclutamiento y utilización de menores en el conflicto armado constituye una grave vulneración de los derechos de la niñez, pues desconoce su protección especial y rompe de manera abrupta su desarrollo integral. Sin embargo, limitar el análisis a la dimensión jurídica sería quedarse cortos. En el plano psicosocial, la violencia no solo lesiona físicamente a quienes son reclutados, sino que transforma su manera de entender el mundo, altera sus vínculos afectivos y naturaliza la guerra como una experiencia cotidiana. Cuando un niño crece en un territorio donde circular armado, obedecer órdenes violentas o convivir con actores armados parece “normal”, la violencia deja de ser un hecho excepcional y se convierte en una forma de organización de la vida diaria.
En Colombia, esta violencia se ha manifestado de manera prolongada en regiones donde confluyen pobreza, abandono estatal, economías ilegales y disputa entre grupos armados. En esos contextos, el reclutamiento no ocurre de manera aislada, sino que hace parte de un entramado en el que también hay amenazas, asesinatos, desplazamientos, violencia sexual y control de las comunidades. De esta forma, los niños y adolescentes no solo son víctimas del momento en que son reclutados, sino de un entorno violento que va reduciendo sus posibilidades de elegir otro proyecto de vida. La Comisión de la Verdad mostró precisamente que las afectaciones sobre la niñez deben entenderse dentro de una guerra que deterioró el tejido social y convirtió a muchos territorios en espacios donde el miedo regulaba la vida cotidiana. (Comisión de la Verdad, 2022)
Además, esta violencia no termina con la desvinculación del grupo armado. Muchos niños, niñas y adolescentes continúan enfrentando otras formas de violencia al regresar a sus comunidades: rechazo, estigmatización, silencio, desconfianza e imposibilidad de reconstruir fácilmente su vida. En ese sentido, el reclutamiento deja ver que la violencia no solo destruye cuerpos, sino también identidades, relaciones y futuros posibles. Desde una mirada inspirada en Ignacio Martín-Baró, esto permite afirmar que el problema no está únicamente en el acto violento puntual, sino en una estructura social que reproduce miedo, exclusión y deshumanización. Por eso, el reclutamiento infantil debe leerse como una de las formas más graves en que la violencia sociopolítica se ensaña con la infancia y compromete a toda la sociedad.
2. POLARIZACIÓN SOCIAL EN EL RECLUTAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN COLOMBIA.
La polarización social es un concepto clave para comprender el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombiano, porque permite ver cómo la guerra divide a las comunidades, rompe la confianza y reorganiza la vida social alrededor de bandos enfrentados. En contextos de conflicto, la población civil deja de ser vista como un conjunto de personas con derechos y empieza a ser clasificada según lógicas de amigo-enemigo, aliado-sospechoso o colaborador-opositor. En medio de esa fractura, la niñez pierde su lugar como sujeto de especial protección y puede terminar siendo instrumentalizada por los actores armados como parte de sus estrategias de control, vigilancia o confrontación. (ICRG)
En Colombia, la polarización no solo se expresó en el enfrentamiento entre grupos armados y Estado, sino también en la vida cotidiana de muchos territorios donde la población quedó atrapada entre presiones cruzadas. En estas zonas, las familias y comunidades muchas veces tuvieron que adaptarse a órdenes impuestas, guardar silencio o asumir posiciones forzadas para poder sobrevivir. Esto generó un ambiente de sospecha permanente, donde cualquier relación podía interpretarse como cercanía con uno u otro actor armado. En un escenario así, los niños y adolescentes crecieron en medio de divisiones profundas, aprendiendo a convivir con discursos que justificaban la violencia y desdibujaban los límites entre protección, obediencia y sometimiento. (Comisión de la Verdad, 2022)
La polarización social también se refleja en la manera en que se interpreta a los menores reclutados. En lugar de ser reconocidos plenamente como víctimas, muchas veces son señalados como responsables, peligrosos o incluso como victimarios. Esta mirada no solo simplifica una realidad mucho más compleja, sino que también obstaculiza los procesos de reintegración, reparación y acompañamiento psicosocial. El problema ahí es bien delicado: cuando una sociedad polarizada solo ve al niño reclutado desde el lugar del enemigo o de la amenaza, reproduce el daño que ya había sido causado por la guerra y dificulta la reconstrucción del vínculo social. (Comisión de la Verdad, 2022)
Desde la perspectiva de Martín-Baró, la polarización social es una de las huellas más profundas de los contextos de violencia sociopolítica, porque altera la forma en que las personas perciben la realidad y se relacionan entre sí. En el caso del reclutamiento, esta polarización hace que las comunidades se fragmenten, que el miedo reemplace la confianza y que se vuelva cada vez más difícil construir respuestas colectivas de protección frente a la niñez. Por eso, el análisis de esta problemática no puede quedarse únicamente en el hecho del reclutamiento, sino que debe mostrar cómo la guerra fue rompiendo la cohesión social hasta convertir a los niños, niñas y adolescentes en piezas de una confrontación que jamás debió involucrarlos. Entender esta polarización es fundamental para reconocer que la reparación no solo debe dirigirse al menor afectado, sino también a las comunidades que quedaron divididas, silenciadas y heridas por la lógica del conflicto.
3 y 4. ANÁLISIS DESDE EL TRAUMA PSICOSOCIAL Y MENTIRA INSTITUCIONALIZADA DE LA PROBLEMÁTICA.
Al nosotros poder analizar el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en Colombia, fue necesario ir más allá de una mirada centrada solo en el individuo. Empezamos analizar esta problemática desde lo que plantea Ignacio Martín-Baró, este fenómeno puede entenderse como un trauma psicosocial, es decir, un daño que no solo afecta a cada menor, sino también a las comunidades en las que viven (Martín-Baró, 1990). No se trata únicamente de lo que siente o piensa un niño reclutado, sino de cómo la violencia termina afectando la forma en que las personas se relacionan, confían entre sí y entienden su entorno. Este tipo de trauma aparece cuando la violencia deja de ser algo excepcional y empieza a formar parte de la vida cotidiana.
En muchos territorios del país, los niños crecen viendo la guerra como algo normal. Por ejemplo, en zonas del Cauca o el Catatumbo, es común que desde muy pequeños convivan con la presencia de grupos armados, retenes ilegales o enfrentamientos, lo que termina influyendo en su forma de entender la vida y en las decisiones que consideran posibles (Comisión de la Verdad, 2022). Aquí es donde cobra sentido lo que Martín-Baró llamó mentira institucionalizada. No es una mentira evidente, sino una forma de contar la realidad que termina siendo aceptada por la sociedad, aunque no refleje lo que realmente ocurre (Martín-Baró, 1990).
En el caso del reclutamiento, esto se nota aún más cuando se habla de “vinculación voluntaria”. Usar ese término da la impresión de que los jóvenes deciden libremente ingresar a grupos armados, cuando en realidad muchos están rodeados de condiciones que los empujan a eso: pobreza, falta de oportunidades, ausencia del Estado y presión directa de actores armados.
Al revisar el Caso 07 de la Jurisdicción Especial para la Paz, por ejemplo, se documenta cómo miles de menores fueron vinculados a grupos armados en medio del conflicto, muchos de ellos bajo amenazas o engaños (JEP, 2021). De manera similar, en el Informe Final de la Comisión de la Verdad se recogen testimonios de jóvenes que cuentan cómo fueron reclutados después de ver asesinatos en sus comunidades o tras recibir presiones directas de actores armados (Comisión de la Verdad, 2022). Por su parte, organizaciones como COALICO han señalado que el reclutamiento sigue ocurriendo hoy en día, especialmente en territorios donde persisten disputas armadas, lo que demuestra que no es un fenómeno del pasado, sino una realidad que se vive día a día (COALICO, 2023).
El problema es que cuando estas situaciones se explican de forma incompleta o se suavizan, se dificulta reconocer lo que realmente está pasando. Esto afecta procesos importantes como el duelo, la justicia y la reparación, y además hace que muchas veces las víctimas sean señaladas o incomprendidas. Así, no solo se mantiene el daño individual, sino que también se debilita la capacidad de las comunidades para reconstruirse.
Por eso, pensar en soluciones no puede limitarse a lo individual. No basta con atender a las víctimas desde lo psicológico si no se cambian las condiciones que permiten que esto siga ocurriendo. También es necesario cuestionar las formas en que se habla del problema y reconocer la realidad sin maquillarla. Solo así se puede avanzar hacia una respuesta más completa, pero mientras se siga nombrando como elección lo que en realidad es imposición, la sociedad seguirá fallando en reconocer la magnitud del daño y en asumir su responsabilidad frente a la infancia.
5. SALUD MENTAL EN EL RECLUTAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN COLOMBIA.
La salud mental en el contexto del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado debe entenderse más allá de una perspectiva clínica. Desde el Derecho Internacional Humanitario (DIH), el reclutamiento infantil es una grave violación a los derechos humanos, ya que vulnera la dignidad, el desarrollo integral y la integridad física y psicológica de los menores (Naciones Unidas, 1977). El DIH establece la protección especial de la infancia en conflictos armados, reconociendo que los niños son sujetos de especial vulnerabilidad y que su vinculación a grupos armados genera consecuencias profundas en su bienestar mental.
En Colombia, el reclutamiento de menores ha sido una práctica persistente a lo largo del conflicto armado. De acuerdo con la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, miles de niños y adolescentes han sido forzados o inducidos a participar en dinámicas de guerra (Comisión de la Verdad, 2022; JEP, 2023). Estas experiencias generan afectaciones como trastornos de ansiedad, depresión, estrés postraumático y dificultades en la construcción de identidad (UNICEF, 2017).
Al analizar esta problemática, se evidencia que la violencia no solo se manifiesta en el acto del reclutamiento, sino en condiciones estructurales como la pobreza y la ausencia del Estado. Esta violencia impacta directamente la salud mental de los menores, quienes crecen en entornos donde la guerra se normaliza.
La polarización social influye en la estigmatización de los niños reclutados, quienes muchas veces son vistos como victimarios en lugar de víctimas, lo que dificulta su reintegración y profundiza sus afectaciones psicológicas (Comisión de la Verdad, 2022).
Por otro lado, la mentira institucionalizada ha contribuido a invisibilizar la magnitud del reclutamiento infantil en ciertos momentos del país, afectando el reconocimiento del daño y limitando procesos de reparación (JEP, 2023).
Desde la perspectiva de Ignacio Martín-Baró, estas experiencias configuran un trauma psicosocial, entendido como una herida colectiva que afecta no solo al individuo, sino a toda la comunidad (Martín-Baró, 1990). En el caso del reclutamiento, los menores desarrollan miedo persistente, dificultades en sus relaciones y una percepción distorsionada de la realidad.
En Colombia, este trauma se refleja en los desafíos que enfrentan los niños desvinculados para reconstruir sus proyectos de vida. Sin embargo, mediante procesos de acompañamiento psicosocial y reparación, es posible avanzar en la recuperación de su bienestar (UNICEF, 2017).
Conclusión.
El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia fue y sigue siendo una expresión extrema de la violencia sociopolítica. Jurídicamente, constituye una grave violación de derechos y, en ciertos supuestos, un crimen de guerra. Históricamente, revela la persistencia de territorios abandonados, disputados y atravesados por lógicas armadas. Psicosocialmente, muestra que la guerra no solo destruye vidas de forma inmediata, sino que también deja marcas profundas en la salud mental, en la confianza social y en la posibilidad de construir futuro. Cuando una sociedad permite que la guerra le robe la niñez, no solo falla en proteger a sus niños y niñas; también compromete su propia memoria, su ética y su posibilidad de no repetición. Por eso, hablar de este tema no es quedarse en el pasado, sino preguntarse qué país se está construyendo y qué tanto se está dispuesto a hacer para que ninguna infancia vuelva a ser usada como material de guerra.
Referencias.
- Comisión de la Verdad. (2022). Hay futuro si hay verdad: Informe final. https://www.comisiondelaverdad.co
- Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). (2023). Caso 07: Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. https://www.jep.gov.co
- Martín-Baró, I. (1990). Psicología social de la guerra: Trauma y terapia. UCA Editores.
- Naciones Unidas. (1977). Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Comité Internacional de la Cruz Roja. https://www.icrc.org
- UNICEF. (2017). Niños y niñas asociados con grupos armados: Guía de reintegración. https://www.unicef.org
- COALICO. (2023). Boletín sobre reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en Colombia. https://coalico.org
- ICRC / CICR. Reglas de DIH consuetudinario sobre protección y reclutamiento de niños.
- OHCHR. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados.
- Corte Penal Internacional. Estatuto de Roma y jurisprudencia sobre reclutamiento de menores de 15 años.
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